Una tras otra, es la voz que se escucha, cuando aparece una mujer más, muerta en ese desierto del dolor en el que se ha transformado Ciudad Juárez. Los años pasan y las autoridades no dan respuesta. Los crímenes se siguen perpetrando, a sangre fría, con saña inimaginable, con tortura, con violación, con odio incontrolable hacia el género femenino.

No existen resultados concretos, todo está bajo una nube espesa, bajo un cielo oscuro. Se habla de tráfico de órganos, de videos y pornografía para el mercado negro asiático. De un procesado y de varios detenidos.

Un gobierno estatal y federal que pone de manifiesto su incapacidad para resolver esos crímenes, que indignan no sólo a la población mexicana sino al mundo entero.

Falsificación de pruebas, pistas ignoradas, exámenes forenses poco confiables, demoras para iniciar las investigaciones y el uso de la tortura para obtener confesiones de culpabilidad son sólo algunos elementos que Amnistía Internacional (AI) encontró en sus investigaciones sobre los homicidios en Ciudad Juárez.

Este feminicidio ya cumple una década y las incógnitas no se despejan. Una noticia que ya recorre el mundo constituyendo un escándalo internacional, que si son 258 mujeres muertas, o 292, o más de 500, cifras van y vienen sin coincidir. Para Amnistía Internacional en los últimos diez años han sido asesinadas por la menos 370 mujeres entre 15 y 22 años, de las cuales 137 presentan señas de violencia sexual.

Las muertes se fueron y siguen dando, el gobierno federal se tardó una década en intervenir. Los gobiernos locales han sido totalmente ineficientes y el fenómeno fue creciendo descomunalmente, así como el miedo de las mujeres que habitan esa región... Porque como dice Amnistía Internacional “las muertas de Juárez” (como se les conoce popularmente) no son casos aislados, sino crímenes con un patrón que afecta, sobre todo, a las mujeres pobres de esa localidad.

Las primeras luchas las dieron las organizaciones no gubernamentales que han tratado de enfrentar tanta impunidad. Diez años de investigaciones en las que no hay una conclusión, pero sí un sin fín de hipótesis, dicen que se trata de un caso multifactorial, en donde puede existir tráfico de órganos, narcotráfico, tratantes de blancas, grupos de pornografía y más suposiciones, sólo eso, suposiciones.

Para resolver este caso, que se ha salido de las manos del gobernador Patricio Martínez o que nunca estuvo en sus manos, el gobierno federal desplazó a esa ciudad a 300 elementos de la PFP. Se dijo que en un esfuerzo para combatir los crímenes contra mujeres en Juárez se conformó un grupo interdisciplinario de Ministerios Públicos, peritos y policías.

Mientras las organizaciones no gubernamentales como Casa Amiga, Nuestras Hijas de regreso a casa y Mujeres de Negro manifiestan que “ni una más” y continúan su lucha, esta carrera del horror les lleva la delantera.

Justo el día del arranque del Programa Integral de Seguridad Pública para Ciudad Juárez, tres mujeres fueron ejecutadas al estilo de la mafia.

Irene Khan, secretaría de Amnistía Internacional en su reciente visita a México manifestó que el hecho de que no se aborden los homicidios y los secuestros de mujeres “pone en duda la capacidad del gobierno mexicano para hacer realidad su retórica sobre derechos humanos”.

Al presentar el informe México: “Muertes intolerables, diez años de desapariciones y asesinatos en Ciudad Juárez y Chihuahua”, Khan aseguró que la falta de medidas oficiales para abordar estos casos equivale a tolerarlos.

Según cifras oficiales, en Ciudad Juárez continúan desaparecidas 70 mujeres, y recientemente han desaparecido más en la ciudad de Chihuahua. Otras fuentes sitúan la cifra en 400 mujeres desparecidas desde 1993 (como ya señalábamos cifras que no coinciden unas con otras). Sus familias temen lo peor, dado el alarmante número de mujeres a las que se ha hallado muertas días, e incluso años, después de su desaparición.

A muchas de las mujeres muertas y desaparecidas las secuestraron, las mantuvieron cautivas durantes varios días y las sometieron a humillaciones, a tortura y a las más espantosas formas de violencia sexual antes de su muerte, que en la mayoría de los casos se produjo por asfixia causada por estrangulamiento o como consecuencia de palizas. Los cadáveres han aparecido ocultos entre escombros o abandonados en zonas desiertas de los alrededores de la ciudad. En donde ni siquiera tienen que cavar para localizar sus cuerpos, porque esos huesos están a flor de tierra en el desierto, como señala Sergio González en su libro “Huesos en el desierto”:

“Un considerable número de mujeres desaparecidas o asesinadas trabajaban en maquiladoras, y también han sido blanco específico de los agresores las camareras, las estudiantes y las mujeres que trabajan en la economía sumergida. En definitiva, las víctimas eran mujeres jóvenes, sin ningún poder en la sociedad, con hijos que criar y de extracción humilde, cuya muerte no suponía ningún costo político para las autoridades locales”.

“Para muchas de las mujeres que emigran a Ciudad Juárez y Chihuahua en busca de trabajo, la situación de violencia contra la mujer imperante allí, ha convertido su sueño de encontrar nuevas oportunidades en una pesadilla” dice Irene Khan y añade: “Es vergonzoso que cuando comenzaron los secuestros y asesinatos las autoridades estuvieran varios años adoptando abiertamente una actitud de discriminación hacia las mujeres y sus familias en sus declaraciones públicas. En más de una ocasión culparon a las propias víctimas de su secuestro o asesinato por el modo en que iban vestidas o por trabajar en bares por la noche.”

En su informe, Amnistía Internacional afirma: “Sea por indiferencia, falta de voluntad, negligencia o incapacidad, lo cierto es que en los diez últimos años las autoridades competentes no han tomado medidas para investigar estos delitos”.

Hasta el momento existen irregularidades en los expedientes tanto de las desaparecidas como de las muertas, es así como Amnistía Internacional ha documentado retrasos injustificables en los primeros intentos de localizar a las mujeres desaparecidas, ausencia de medidas para dar seguimiento a declaraciones de testigos y pruebas decisivas y utilización de pruebas falsas y de tortura contra sospechosos detenidos. En algunos casos, se han realizado deficientes autopsias, como consecuencia de las cuales, se han proporcionado a las familias de las víctimas datos contradictorios y erróneos sobre la identidad de los cadáveres, aumentando así su angustia en vez de proporcionarles la certeza necesaria para poder llorar la muerte de sus seres queridos.
La secretaria Irene Khan manifestó que “el sufrimiento de las familias de estas mujeres se ha intensificado una y otra vez, pues no sólo han hecho las autoridades caso omiso de sus peticiones de una investigación criminal formal desde el primer día en que se tuvo noticia de la desaparición de una mujer, sino que también se ha hecho oídos sordos a sus peticiones de justicia”.

Aunado a su sufrimiento los familiares de las víctimas, así como sus abogados y miembros de las ONG se enfrentan a amenazas e intimidación, para la secretaria de AI: “los verdaderos protagonistas de esta tragedia son las familias de estas mujeres, que luchan por la justicia sin ayuda de nadie y haciendo frente a la hostilidad”.

Tras hacer hincapié en que las autoridades han intentado constantemente deslegitimar a las familias y sus esfuerzos, Khan las ha instado a que respeten la dignidad y el derecho de estas personas a participar activamente en el proceso de investigación.

De acuerdo con los datos que proporcionan las autoridades, han sido procesadas y declaradas culpables 79 personas, pero en la gran mayoría de los casos no se ha hecho justicia. Además, la calidad de las investigaciones y las denuncias de tortura a personas detenidas en relación con los homicidios pone en duda la integridad de los procedimientos penales entablados. Mientras tanto, los asesinatos continúan año tras año.

“Los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua son sintomáticos de las deficiencias de la administración de justicia en todo el país”, afirmó Irene Khan.

La secretaria general de Amnistía Internacional expresó su satisfacción por la realización de prometedores logros, como el reciente establecimiento, bajo los auspicios de la Secretaría de Gobernación, de una subcomisión interinstitucional que se ocupará específicamente de examinar los casos de Ciudad Juárez; no obstante, ha advertido: “Estas medidas positivas han de considerarse a la luz de diez años de promesas vacías y de la continua falta de medidas para hacer participar a las familias de las víctimas en estas iniciativas. Es preciso poner fin ya a estos diez años de delitos intolerables”.

Irene Khan dijo: “El presidente Fox y su gobierno se han comprometido a promover la protección de los derechos humanos en todos los niveles, dentro y fuera del país. Estos casos de desaparición y asesinato de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez y Chihuahua contienen muchos de los elementos que menoscaban la credibilidad de tal compromiso. La señal más clara de que las autoridades no toleran estos homicidios y secuestros será la aplicación plena de la medidas recomendadas por Amnistía Internacional y otras organizaciones”.

Para Elena Azaola las muertas de Juárez son un testimonio de los horrores a los que puede llegar el estado, por omisión y por impunidad, y una herida abierta que impide avances civilatorios.

Las mujeres de Ciudad Juárez merecen un nuevo amanecer en el desierto, con luz, con tranquilidad, con paz, pero sobre todo con seguridad.