Contradicciones y una serie de cifras maquilladas han envuelto al feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua, sin que hasta la fecha se conozca el número “real” de asesinatos resueltos contra mujeres en el estado.

Y es que ante las diferencias de las instancias, que se han dado a la tarea de analizar y contabilizar por su cuenta, el número de muertas y desaparecidas y la tipología de los crímenes resulta, en su mayoría, contradictorio.

El propio Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimu) ha caído en contradicciones, pues durante su Auditoría Periodística del año pasado afirmó que el número de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez era “solamente” de 321, mientras que su directora, Victoria Caraveo, en días previos a la presentación de dicho informe, señaló que hasta noviembre de 2003 la cifra era de 326.

Según este análisis, 90 casos corresponden a crímenes con tortura y violencia sexual, y 34 a asesinatos seriales.

Además, estima que 16 por ciento de los crímenes fueron pasionales, clasificación utilizada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos como asesinatos cometidos por una pareja que no mantenga un círculo familiar.

Para el Ichimu, han existido avances en la investigación de los homicidios al resolver 63 por ciento de los 321 casos cometidos en Ciudad Juárez.

En cuanto a los de tipo sexual, el organismo señaló que 39 de los 90 homicidios ya fueron esclarecidos, mientras que en otros 37 se logró identificar a uno o más presuntos responsables.

Sin embargo, dicho informe contradice los datos oficiales manejados por Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes contabilizan poco más de 370 asesinatos, de los cuales 30 por ciento son seriales y faltan 233 por aclarar.

Mientras para el Ichimu no contempla a las mujeres desaparecidas en su informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hace un recuento y maneja la cifra de cuatro mil.

Pero para las organizaciones civiles es claro: de las 300 mujeres asesinadas que ellas contabilizan, ningún caso está resuelto. De acuerdo con la ONG Justicia para Nuestras Hijas, de 1993 a 2002 el número de crímenes seriados era de 84, en tanto que los crímenes que contabiliza con características diversas en el mismo periodo es de 147.

De todos ellos, la Procuraduría General de la República (PGR) decidió atraer sólo 14 casos, mismos que contempla de competencia federal; el resto son considerados delitos del fuero común, lo que deja a las víctimas y a sus familiares indefensos, dado que no existe entonces interés por parte de las autoridades locales para resolverlos.

Luego de 10 años se considera difícil que los crímenes puedan resolverse. Expedientes mal integrados o extraviados, fabricación de culpables, hostigamiento a los familiares de las víctimas y organizaciones civiles y la minimización que el propio gobernador ha hecho del tema, hacen suponer que la labor que hoy inicia la fiscal especial no arrojará más resultados que los que se han vivido a lo largo de esta década de impunidad